La recuperación económica de Venezuela no es un evento aislado; es una coreografía que depende, en gran medida, de su capacidad para reconectarse con el mundo. En este baile, el transporte aéreo internacional es el protagonista. Sin embargo, mientras el país intenta abrir sus cielos, se encuentra con un “techo de cristal” invisible pero extremadamente pesado: la inseguridad jurídica y la voracidad fiscal, que en casos es más “depredación” en el ámbito local.
El Contraste: Entre la Necesidad y la Exacción
Para que una aerolínea internacional decida aterrizar y permanecer en un país, no solo evalúa el flujo de pasajeros; evalúa la predictibilidad. Venezuela atraviesa un momento crucial de reactivación, pero este esfuerzo se ve amenazado por la actuación de ciertos gobiernos municipales que, en busca de ingresos rápidos, han optado por una política de recaudación agresiva que ignora el ordenamiento internacional.
El derecho aeronáutico se rige por estándares globales claros, más aún en el caso del transporte internacional en el que específicamente sobre los aspectos tributarios los Documentos de la OACI cuentan con el Doc 8632 sobre políticas de imposición de impuestos y del que se infiere la exención de gravámenes locales sobre los ingresos y la explotación para evitar la doble imposición y garantizar la viabilidad de la industria. Cuando un municipio desconoce estos principios, no solo afecta a una empresa; está enviando una señal de alerta a toda la inversión extranjera, afectando la necesaria recuperación nacional.
El Efecto Dominó: Boletos Caros y Servicios en Picada
La “voracidad fiscal” tiene un rostro muy concreto para el ciudadano: el precio del boleto. Cuando los costos operativos se inflan artificialmente mediante impuestos municipales que no corresponden a la naturaleza de la actividad aérea, las aerolíneas se ven obligadas a trasladar esos costos al usuario o, en el peor de los casos, a reducir la calidad y frecuencia de sus servicios, además de la disminución ostensible de la oferta de rutas hasta el punto de llegar a la material desconexión del resto del mundo, algo que los venezolanos bien hemos padecido
La conectividad es un derecho y una herramienta de desarrollo. No podemos permitir que el cortoplacismo fiscal de jurisdicciones locales, con sus opacas gestiones y ostentosas excentricidades , comprometan la política aérea de toda una nación que literalmente necesita, y merece, despegar.
Litigio Estratégico: Un Caso para el Futuro
En este momento, tanto en sede administrativa como judicial en Venezuela, se tiene una oportunidad histórica. Se está atendiendo un caso de gran relevancia que involucra a una importante aerolínea internacional. Más allá de un simple conflicto tributario, estamos ante un litigio estratégico.
La resolución de este caso no solo definirá el destino de una tasa o un impuesto específico como suele ocurrir en asuntos de esta naturaleza, sino que sentará las bases de una política pública necesaria. Un fallo ajustado a derecho y a los estándares internacionales de la OACI será el catalizador para:
Seguridad jurídica para las empresas que desean invertir.
Precios competitivos para los viajeros.
Un mensaje claro al mundo: Venezuela es un destino seguro, serio y conectado. Siempre que sea genuina la intención de su recuperación, sin atajos, sin dobles agendas y apuntando a la recuperación de nuestra cultura jurídica.
La reactivación debe ser integral. Antes de desplegar las alas por completo, es imperativo que las empresas y el Estado miren hacia abajo y aseguren que el terreno fiscal sobre el que se apoyan no sea movedizo. El despegue definitivo de nuestra economía depende de que las reglas del juego sean, de una vez por todas, claras y globales.
(*) Redacción asistida con IA tomando como referencia datos de caso real contencioso tributario municipal.
